Entrevistas 2020

Entrevista al Profesor Rüdiger Wolfrum Abogado y académico de Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg. Director emérito de la Fundación Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, con quien conversamos sobre el Proceso Constituyente de Chile.

Heinz Klug, profesor de Derecho Universidad de Wisconsin-Madison (EEUU) y profesor visitante de la Universidad Witwatersrand de Johannesburgo, Sudáfrica, se refiere a proceso constituyente de Chile.

«¿Es posible que haya una constitución de todos? Eso puede ser difícil de responder, pero si la pregunta es si es posible que haya una constitución que sea más de todos que la actual, indudablemente la respuesta es sí; y avanzaremos todo lo que podamos en esa dirección», asevera Fernando Atria, profesor asociado del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Corbo dice que le preocupa que se empiece a pensar en que el BC debiera tener más objetivos: «Tiene la estabilidad de precios y del sistema financiero y para eso tiene los instrumentos. Yo prefiero un objetivo acotado. Para el desempleo o la pobreza hay un Poder Ejecutivo con ministerios».

Plantea que cuando el país tenga una nueva Constitución o una Constitución reformada debiera contar con un Estado más eficiente: «Debemos mejorarlo durante el proceso constituyente a fin de que esté más preparado para enfrentar la nueva institucionalidad».

«Es relevante dotarnos de una nueva Constitución que establezca dentro de los fines del Estado la protección del medio ambiente, porque si una Constitución es un acuerdo social para las próximas décadas, no hay nada que tenga más que ver con el largo plazo que el desarrollo sostenible y enfrentar el desafío del cambio climático», argumenta Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Una Constitución liviana; garantista, pero realista es lo que le gustaría a Nicolás Eyzaguirre para Chile. «Así como soy partidario de la iniciativa exclusiva en materia de gasto del Poder Ejecutivo, sostengo que la satisfacción de los derechos sociales tiene que ser consistente con los recursos disponibles para eliminar temores de populismo; si se establecen garantías abiertas, la política fiscal la terminan haciendo los jueces y el Estado termina quebrado», plantea el exministro de Hacienda, Educación y de la Secretaría General de la Presidencia.

«Más que preocuparse de si la hoja está en blanco al comienzo del proceso, hay que preocuparse de cómo se llena esa hoja; y se va a llenar con el acuerdo mayoritario de los dos tercios de los constituyentes, lo que debiera forzar a una lógica más convergente: menos disrupción y más puentes, menos trinchera y más construcción de diálogos», plantea Alejandro Ferreiro.

Sobre los cuestionamientos al Estado subsidiario, Fontaine refuta: «El Estado subsidiario es un concepto muy elástico, que abarca desde un Estado mínimo hasta un Estado de bienestar, porque lo que dice es que el Estado interviene cuando se concluye que la acción privada es insuficiente para dar lugar a un bien público; cuando no se alcanzan niveles de educación, salud etcétera, sustentables.

“Espero que no se generen sobre expectativas de lo que la Constitución puede hacer. Lo responsable es ajustarlas, sino el nivel de frustración será muy grande. Todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas es propio de las políticas públicas y del progreso de los países, en la medida que logran más recursos que les permiten hacer cosas”, advierte Constanza Hube, directora del Foro Constitucional UC y subdirectora de la Escuela de Derecho Público de dicha universidad; e integrante del Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo.

«No basta con una Constitución que permita el crecimiento, necesitamos una Constitución que también dé garantías de que los frutos se van a repartir de manera justa y sostenible», enfatiza Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, codirector de Lexen; expresidente de BancoEstado y exsuperintendente de Valores y Seguros y de Pensiones.

Lizama plantea que los derechos a negociar colectivamente y a huelga han sido las materias laborales más debatidas en los últimos años por el modo en que se abordan en la Constitución política y en el Código del Trabajo. Agrega que el derecho a negociar colectivamente, tal como está regulado en la Carta Fundamental, se enmarca en la empresa y por eso el Código del Trabajo privilegia al sindicato de empresa como sujeto negociador, lo que ha abierto la discusión a si se puede exceder el ámbito de la empresa para negociar colectivamente.

«Hay que aprender de las experiencias ajenas que demuestran que las constituciones son más bien para limitar los poderes del Estado y de los poderosos, que para garantizar derechos más allá de los básicos de las personas», plantea Manuel Marfán. Enfatiza que «poner todo como derecho para que después resuelvan los tribunales no es la forma de hacer una buena Constitución».

«Nuestro sistema político ya hizo demasiada agua como para mantenerse tal como está. Creo que el régimen presidencial ha demostrado no ser eficiente para lograr acuerdos y, sobre todo, para sostener mayorías en el Congreso, lo que es fundamental para gobernar», afirma el expresidente del Banco Central y exministro de Salud, Carlos Massad.

Según Pardow, entrar en una discusión constitucional diciendo estos principios no los podemos tocar es hacer trampa: «Tenemos que partir desde un plano de igualdad, donde no tenemos nada asegurado».