Juan Andrés Fontaine

«Es un error pensar que la constitución es un plano arquitectónico a partir del cual se construye la casa común que todos habitamos como miembros de un país. No es eso; es un conjunto de reglas del juego. La casa se va construyendo diariamente sobre las decisiones que toman las personas basadas en esas reglas, tanto en las decisiones políticas con que eligen a sus representantes como en las económicas que van tomando como trabajadores, consumidores y empresarios», advierte Juan Andrés Fontaine, ex ministro de Obras Públicas y de Economía, ex director de Estudios del Banco Central y consultor de empresas.

Agrega que, por lo mismo, una carta fundamental puede contribuir a que la sociedad funcione bien o puede perjudicar su marcha: «Una constitución que no protege bien ciertos aspectos clave del funcionamiento de la economía puede causar un gran daño a la posibilidad de dar el salto al desarrollo. Pero ni aún la mejor constitución asegura que ese salto se dé, porque no es su objetivo. Es simplemente un rayado de cancha».

Dice estar esperanzado en que el proceso constituyente, cualquiera sea el resultado, sirva para «dar más crédito a nuestras instituciones políticas (…). Pero no puedo dejar de advertir que este llamado a juntarnos a discutir y diseñar el país que queremos puede alentar el efecto contrario, al hacer creer que basta con listar derechos para que automáticamente el país quede en condiciones de cumplirlos. La satisfacción de los derechos sociales requiere recursos que no genera la constitución, así es que la siguiente discusión es cómo los generamos».

Sobre los cuestionamientos al Estado subsidiario, Fontaine refuta: «El Estado subsidiario es un concepto muy elástico, que abarca desde un Estado mínimo hasta un Estado de bienestar, porque lo que dice es que el Estado interviene cuando se concluye que la acción privada es insuficiente para dar lugar a un bien público; cuando no se alcanzan niveles de educación, salud etcétera, sustentables. Y como en la práctica es muy discutible ese nivel, da un poco para todo: desde una posición muy extrema neoliberal hasta una que establezca que el Estado se haga cargo de las carencias ya no solo de sectores vulnerables, sino también de los medios, y hacia eso hemos caminado en la última década».

Enfatiza que «el actual gobierno, del que fui ministro, fue elegido con un programa que habla de clase media protegida y eso es una interpretación del Estado subsidiario que se acerca al Estado de bienestar. No veo reñida una cosa con otra, pero creo que no deben estar en la Constitución, porque son conceptos que hay que alimentar con decisiones de políticas económicas y sociales, que deben adoptarlas los gobiernos a través de leyes».

Respecto a la autonomía del Banco Central considera que siempre es posible incorporar más instancias de transparencia, ya que las actuales son más bien reducidas y las ha ido desarrollando voluntariamente la propia institución. Recuerda que la Constitución es escueta respecto al BC y sólo estipula: que no puede financiar al Fisco salvo en caso de guerra; que solo puede operar con instituciones financieras; y que debe ser autónomo. «Donde se aterriza la autonomía es en la Ley Orgánica Constitucional y una cosa que habrá que definir es qué ocurre con las leyes orgánicas, cuyas modificaciones requieren cuatro séptimos. Si se eliminan habría que entrar a precisar mejor en la Constitución qué se entiende por su autonomía y cuáles son sus objetivos».

En esta entrevista también aborda las ineficiencias del proceso legislativo en Chile, los derechos sociales y el derecho de agua, entre otras materias.