Nicolás Eyzaguirre

Una Constitución liviana; garantista, pero realista es lo que le gustaría a Nicolás Eyzaguirre para Chile. «Así como soy partidario de la iniciativa exclusiva en materia de gasto del Poder Ejecutivo, sostengo que la satisfacción de los derechos sociales tiene que ser consistente con los recursos disponibles para eliminar temores de populismo; si se establecen garantías abiertas, la política fiscal la terminan haciendo los jueces y el Estado termina quebrado», plantea el exministro de Hacienda, Educación y de la Secretaría General de la Presidencia.

En todo caso advierte que hay derechos y derechos; y tratándose de la educación, la gratuidad se impone: “Necesitamos entender ciertos elementos de la parte dogmática de la Constitución porque la educación no debiera ser un factor de discriminación; todos debieran tener derecho a la misma calidad educación. Eso no es incompatible con que haya educación privada (…), pero no puede ser que quien tiene dinero acceda una mejor educación que el resto: debe primar un principio de calidad uniforme para todos. En Chile tenemos hoy una Constitución neoliberal que hace que la libertad de enseñanza prevalezca por sobre el derecho a la educación». Para ahondar en el punto recurre a su propia experiencia como ministro: «Si tienes leyes donde haya tensión entre el derecho privado y los bienes públicos, como me pasó a mí con la Ley de Inclusión que estuvo a punto de perderse en el TC, tiende a prevalecer el derecho privado y por tanto se produce una forma de segregación inaceptable».

En cambio, plantea que la salud no necesariamente tiene que ser gratuita, pero sí es inaceptable que se reciba una peor salud si se tiene menos capacidad de pago: «Me gustaría un sistema en que pudiéramos solidarizar». Respecto de pensiones, transporte, servicios básicos y vivienda sostiene que debería darse una garantía de calidad mínima universal.

En cuanto al tipo de Estado de bienestar implementable en Chile dice que obviamente no será el de Suiza: «Cada sociedad debe ir construyendo los niveles de bienestar universal que puede financiar. Nosotros tenemos una carga tributaria muy baja respecto a nuestro nivel de ingreso y eso se expresa más ferozmente en la carga tributaria directa, los impuestos que pagan las personas no las empresas ni el IVA. Recaudamos menos de 2% del PIB en impuestos directos a las personas y el promedio OCDE es de 9%, porcentaje que se tendió estabilizar por los años 70, en que los países desarrollados no eran más ricos que Chile ahora. Pienso que debiéramos subir la carga tributaria en unos 5 productos del PIB en unos 5 años, básicamente a través de impuestos directos y con esos recursos podríamos subir sustancialmente los gastos por persona en salud, educación, pensiones y en ciencia y tecnología».

Hace el punto en que para lograr lo anterior se requiere tener un sistema político que lleve a esos consensos y no que polarice, como el actual, tema que ha estudiado bastante. Eyzaguirre es partidario de cambiar el régimen político: «Creo que somos una completa anomalía porque en casi todos los países desarrollados del mundo tienen regímenes en que el poder está distribuido, está colegiado en sistemas parlamentarios o semipresidenciales, que fuerzan a que Ejecutivo y Legislativo lleguen a acuerdos. El único caso de país desarrollado con presidencialismo es Estados Unidos, pero tiene otro elemento estructural institucional que es el bipartidismo. Nosotros tenemos un multipartidismo cultural, que con un presidencialismo exacerbado tienden a producir entrabamiento, básicamente porque los presidentes tienen toda la iniciativa de gasto, pero siempre están en minoría en el Congreso. Entonces al final ni uno ni otro poder puede imponer su agenda».

Para remediar esto Eyzaguirre propone –junto a Tomas Jordán y Pamela Figueroa en el libro Crisis del hiperpresidencialismo chileno y nueva Constitución: ¿cambio de régimen político?– un presidencialismo parlamentarizado, en el qué manteniendo la figura del Presidente se introduce un conjunto de modificaciones que fuerzan a que el gobierno siempre tenga mayoría parlamentaria. Allí se propone que una fracción importante de parlamentarios se elijan en listas cerradas (se votan por partidos) y una parte menor en forma uninominal, para asegurar que permanezcan alineados con las decisiones del partido. «Esto requiere obviamente una profunda democracia partidaria, para evitar que ciertos caciques terminen designando a dedo a los parlamentarios», aclara.

También proponen que se elimine la segunda vuelta y que el Presidente tenga la posibilidad de disolver el parlamento una vez durante los cuatro años de mandato, cuando pierde la mayoría. Y si no lo logra recuperarla, el parlamento lo saca del cargo.

Respecto del Banco Central plantea que su autonomía es clave para limitar las tentaciones populistas del Ejecutivo cuando tiene a su alcance la maquinita de imprimir billetes. «Una conducción no politizada del Banco Central es una buena idea. No estoy seguro si no repensaría un poco el mandato. Tener una preocupación solo por la Inflación tiene eventuales costos sobre el empleo, pero se ha operacionalizado esto implícitamente porque cuando se dice que hay una banda en torno a la inflación meta es porque no quieres que baje mucho la inflación porque ahí están implícitamente los objetivos de empleo y crecimiento. Quizás eso habría que ponerlo de forma más explícita y clara como lo hace la Reserva Federal”, reflexiona.

Sí le gustaría que hubiese una discusión respecto de cuáles son los límites del Banco Central, pues considera que muchas veces tiende a excederse en opiniones sobre ámbitos que no son de su competencia, como política o impuestos. Y también que hubiera auditoría y control sobre sus gastos: «Debiera hacerse un esfuerzo por limitar los contornos del mandato del Banco Central. No me gusta cuando lo veo meterse en temas que no están en su ámbito, porque sin quererlo termina politizándose y es muy importante que la gente le crea que no tiene objetivos políticos subordinados. Cuando opina sobre temas debatibles le hace daño a la autonomía».

El exministro es cauto a la hora de generar muchos más organismos autónomos: «Pueden proteger la politización de ciertos temas, pero quién nos puede proteger de los organismos autónomos».

Sobre estos y otros temas profundiza en la siguiente entrevista.