PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE: el contrato social y el Estado de bienestar

03 de Noviembre, 2020


 

El profesor de sociología de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (quien tiene entre sus principales materias de estudio el Estado de bienestar en las sociedades capitalistas) enfatizó que hay varios factores catalizadores tras la historia del Estado de Bienestar en los distintos países, ninguno dominante. A su juicio, Chile tiene que avanzar hacia un diseño de políticas sociales universalistas, construido en torno a la inversión en los niños para mejorar el capital humano, y en políticas más activas que pasivas, que en conjunto producirán un PIB más alto en el futuro: «Chile tiene bajas calificaciones en formación y una economía a la baja; para dar el salto a una producción de alto nivel tecnológico necesita inversiones de políticas sociales, sobre todo en capacidades cognitivas (…). La relación entre políticas sociales y crecimiento de la economía es estrecha, ambas se nutren».

Agregó que el tránsito a políticas sociales universalistas no es de un día a otro, sino un proceso gradual política por política, donde el primer paso es crear un sistema de calidad en guarderías y desarrollo cognitivo de los niños, con pedagogos bien pagados para atraer gente talentosa y con buena formación. Pero si el país sigue con un modelo parecido al americano, donde las políticas públicas son solo para pobres mientras los ricos siguen en su paraíso privado, nunca tendrá un Estado de bienestar fuerte.

Explicó que Chile tiene un sistema que se autorreproduce: una población poco instruida y con capacidades cognitivas relativamente bajas, lo que a su vez se traduce en una producción de bajo nivel de competencias laborales, por lo que necesita una política social de inversión en capital humano que lo ayude a salir de este «equilibrio malo». Detalló que en el diseño de políticas sociales hay dos principios básicos de alta importancia para el funcionamiento de un Estado de bienestar bien construido: uno es el universalismo de los derechos, basado en la solidaridad entre toda la población y no en políticas focalizadas en los pobres; el otro, que las políticas sociales deben ser concebidas como una inversión en el futuro, en el mejoramiento de la sociedad, y no solo como políticas pasivas que ayuden a la gente a sobrevivir.

Agregó que la lógica del universalismo tiene otros dos aspectos: el principio de solidaridad, que contrasta con el modelo liberal que da beneficios solo a los demostrablemente pobres o en estado de necesidad: «Esto crea un mundo donde hay buenos que pagamos y otros, los que reciben. Este modelo tiene un apoyo bajo para financiarlo, porque como las clases media y alta no reciben nada, no tienen incentivo de dar dinero a los otros. El modelo universalista reconoce que estamos todos en el mismo saco y no hay una sociedad de nosotros y ellos; todos somos nosotros».

Otro aspecto es el financiamiento: «El universalismo es más caro, pero en gran parte este incremento del gasto se recupera con impuestos. En guarderías infantiles implica alrededor de 1,5% del PIB para llegar al nivel de calidad escandinavo, pero es una inversión muy rentable en dos sentidos. Cuando hay un sistema de guarderías universal hay una participación mayor de mujeres en trabajo que genera más impuestos pagados que ayudan a financiar las guarderías. También debemos pensar en que el gasto de hoy tiene una rentabilidad futura enorme, porque el niño que empieza bien es más productivo, es capital humano es más fuerte. Y paralelamente hay menos niños que fracasan y un niño que fracasa es caro».

Advirtió que las ganancias cognitivas pueden perderse en la educación primaria y secundaria si esos sistemas están mal diseñados.

La exposición de Esping-Andersen fue comentada por Heidi Berner, vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile y exsubsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social; y Guillermo Larraín, profesor asociado de la FEN de la Universidad de Chile y codirector del programa Lexen.

Berner planteó que una de las cosas a debatir en el proceso constituyente chileno es cómo se pasa desde un Estado subsidiario a un Estado de bienestar. Destacó que a lo largo de los últimos años en varios ámbitos de protección social se ha avanzado hacia una visión más universal, como por ejemplo la primera infancia, ya que en el primer gobierno de Michele Bachelet se creó el programa «Chile Crece Contigo», que (a diferencia de otros ámbitos que tienen mecanismos de focalización para entregar prestaciones, como la Pensión Básica Solidaria destinada al 60% de menores ingresos) no focaliza, ya que beneficia a cada niño que nace es hospital público, que son el 80%. Esto ha permitido aumentar la cobertura al 51%. Lo mismo que el cuidado parental hasta los seis meses del niño, con un postnatal que puede ejercer el padre o la madre.

Agregó que la piedra de tope siempre es la discusión sobre el financiamiento: «Cómo generar consensos respecto a que necesitamos un financiamiento distinto y cómo cobramos impuestos, porque hoy el más importante es el IVA, que es bastante regresivo; y el impuesto a la renta que es alto, pero lo pagan pocos».

Larraín, por su parte, relevó que el proceso constituyente permitirá que los chilenos acuerden un nuevo Contrato social, lo que permite discutir temas que no se abordan frecuentemente: «En los 90, Chile estaba en el lado liberal de los estados y lo sigue estando, pero ha evolucionado a un estado socialdemócratas donde hay un principio de solidaridad grande. Ahora estamos tratando de discutir qué tipo de relacionamiento queremos tener, cómo los sanos vamos a colaborar con los enfermos, los ocupados de los desocupados, los jóvenes con los viejos».  A su juicio, una inquietud que surge con los sistemas universalistas es cómo se combate el aprovechamiento de quienes se benefician y no aportan a financiar el Estado de bienestar. Esping-Andersen respondió que eso se resuelve con un buen servicio de recaudación de impuestos.