GUILLERMO LARRAÍN

En los últimos días han aparecido cuatro encuestas hechas a manifestantes, imperfectas todas. Ellas coinciden en una queja permanente sobre las pensiones, salarios y alza en el costo de la vida. Esto sugiere que, en el cortísimo plazo, el problema se resuelve con dinero. Desde esta perspectiva, el paquete de medidas cumple un rol. Su mayor debilidad, sin embargo, es que afecta poco a la clase media —digamos, entre los deciles 60 y 80—, que es probablemente de donde viene un número importante de manifestantes. Respecto de este sector, es recomendable incorporar beneficios hasta ahora no considerados.

Sobre su financiamiento, quedan dudas todavía. Se ha dicho que habrá un mayor déficit fiscal y reasignaciones, pero por el momento no hay más detalle.

La salida institucional

A esta altura, vale la pena tomar una parte del discurso del Presidente. Dijo en su mensaje: “Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”.

Pues bien, no podemos seguir fallando en la visión.

Si bien falta análisis, es probable que la manera de manejar la situación sea con una estrategia para producir cambios institucionales. Esto involucra la Constitución, pero es más amplio. La Constitución es la principal de las instituciones formales, pero no es la única. Es necesario pensar en las instituciones informales. Uno puede predecir que este gobierno tenga reticencia a modificaciones constitucionales. Pensar las instituciones de esta manera más amplia permite abrir la mente a más ideas, que también pueden ser valiosas.

Para ser precisos, una definición muy aceptada de “institución” en la literatura económica es de Elinor Ostrom, cientista política que fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Economía. En Understanding Institutional Diversity (3) define las instituciones como “la forma en que los humanos organizan todas las formas de interacción repetitivas y estructuradas”.

Lo que falta a la iniciativa gubernamental para que pueda ser efectiva en manejar la crisis es una mirada de evolución institucional, tanto en lo formal como lo informal.

Este enfoque sugiere que es difícil que un cambio legal rápido —incluso a la Constitución— resuelva el problema. En efecto, para ir al fondo del asunto, debe cambiar la manera en que interactuamos los chilenos. Eso puede ser influenciado por una modificación legal, pero no hay ninguna garantía que ello ocurra.

Más que unos pocos actos legislativos, parece más sensato y eficaz pensar en una serie de acciones en el ámbito social que tengan como objetivo que la discusión que ahí tenga lugar permita que las instituciones informales evolucionen y que, como consecuencia, puedan implementarse en el tiempo las reformas legales que correspondan. Debe haber una retroalimentación entre lo informal y lo formal. Por lo mismo, nadie puede pretender que este sea un proceso rápido.

Desde la perspectiva económica, una preocupación que surge de este escenario es que se abre un espacio de incertidumbre que puede dañar la inversión, el crecimiento y el empleo. Ello ocurrió durante el Gobierno de Bachelet y afectó negativamente la discusión institucional. Hay que evitar que ello ocurra otra vez.

Como las instituciones, siguiendo nuevamente a Ostrom, permiten tener una expectativa racional de lo que harán los otros, ellas son responsables de la forma como los agentes económicos interactúan y se relacionan entre ellos. La ausencia de un marco mínimo de ideas aceptadas por todos en cualquier escenario —por ejemplo, fortalecer la democracia representativa, promover el respeto a los derechos humanos y el rol de la propiedad privada en la economía, por nombrar tres, muy genéricamente— puede paralizar el crecimiento. Es muy distinto discutir lo institucional con una economía vigorosa que con desempleo.

En consecuencia, el proceso de discusión institucional debe darse dentro de un acuerdo nacional previo. Dicho acuerdo debe producirse en términos lo suficientemente amplios como para que la discusión posterior sea valiosa, pero lo suficientemente claro y sólido para permitir el funcionamiento de la economía. Es un equilibrio difícil entre el pensamiento de Boeninger y Lechner, no cabe duda. Buscarlo es imprescindible.

Esto puede ser polémico, pero luego de un proceso de consulta ciudadana, como se hace habitualmente, tal marco debiera ser provisto por un acuerdo del Congreso Pleno. Es verdad que el Congreso goza de poca confianza ciudadana en estos momentos. Sin embargo, este Congreso es post binominal y cuenta con una amplia representación política. Si la idea es reforzar la legitimidad de la democracia representativa, el marco de los debates posteriores debe surgir desde el Congreso.

Pero, para coronar este esfuerzo, se requieren medidas concretas que dejen en claro que el Congreso como cuerpo acepta una responsabilidad política. La reducción de dietas, límites a la reelección y reducción de parlamentarios van en ese sentido. Sin embargo, salvo la reducción de dietas, las otras dos son discutibles. Es más importante hacerse cargo de la mala asesoría legislativa y el nepotismo.

Dado dicho marco genérico, debe comenzar un proceso de debates y conversaciones que, como lo hizo Macron, nutran una agenda amplia y gradual de cambios formales —Constitución, leyes, reglamentos— y de cambios informales. Este proceso puede tener un componente oficial, promovido desde el Gobierno, pero otro descentralizado promovido desde la sociedad civil. Por ejemplo, desde la sociedad civil ya se han citado a unos Cabildos abiertos y la Sofofa, en lugar de hacer el Encuentro Nacional de la Industria, llamó a una jornada de reflexión. En los casos en que corresponda, esas iniciativas debieran contar con financiamiento público y, como lo hizo Bachelet, con “ministros de fe” respecto de las conclusiones.

De este proceso, largo y sinuoso, uno esperaría dos cosas. Primero, una serie de reformas constitucionales, legales y reglamentarias que permitan que la institucionalidad evolucione y adopte los valores y aspiraciones que tienen los chilenos de hoy, y evite errores del pasado. Segundo, un impulso a nueva forma de relacionamiento entre los chilenos.

Palabras finales

La situación del país es compleja, pero manejable, si se actúa rápido y con visión. Al momento de terminar esta columna, la presencia del ejército y la marina en las calles persiste, el activismo ciudadano continúa y desgraciadamente la violencia en algunos barrios también. Es imperativo que el Gobierno dé una señal política clara que permita encauzar el activismo cívico. Las alternativas son pocas, entre ellas, un cambio de gabinete y generar condiciones para empezar el retiro de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

Chile enfrenta su mayor crisis social y política desde el retorno a la democracia. Tenemos que estar a la altura. Todos.

 

(1) Financial Times, 2 de mayo de 2013: «Chile’s challenges. Statistics brouhaha is not the real problem».

 (2) Atria, F., Larraín, G., Benavente, J.M., Couso, J. y A. Joignant (2013), El Otro Modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público. Editorial Debate. Ver página 251.

 (3) Ostrom, E. (2005), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press.

 

* Este artículo se escribió el miércoles 23 de octubre.

(Mensaje, 06 de Noviembre de 2019)